En las últimas dos semanas, el gobierno federal ha endurecido políticas migratorias que afectan tanto la entrada como la permanencia de personas en Estados Unidos. Entre las medidas destacan nuevas restricciones para visas, el regreso de entrevistas obligatorias en la mayoría de renovaciones, un depósito de hasta $15.000 para ciertos visitantes y un mensaje que incrementa la incertidumbre para beneficiarios de DACA.
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Departamento de Justicia publica lista de 35 jurisdicciones “santuario”
- Lo que sabemos: El 5 de agosto, el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) difundió una lista con 35 jurisdicciones, incluyendo 12 estados y el Distrito de Columbia, que, según el gobierno, limitan la cooperación local con autoridades migratorias. La fiscal general Pam Bondi señaló que estas políticas “ponen en riesgo” a la población y anunció que el DOJ continuará presentando demandas para forzar su cumplimiento con la ley federal. Entre las jurisdicciones señaladas figuran California, Nueva York, Illinois, Washington, Oregón y ciudades como Seattle, Filadelfia y San Francisco.
- Por qué es importante: Publicar esta lista es parte de una estrategia para aumentar la presión legal y política contra gobiernos locales que limitan la colaboración con ICE y CBP. Las demandas podrían derivar en cambios forzados de políticas y en la pérdida de fondos federales.
- A quiénes afecta: Comunidades migrantes en estas jurisdicciones podrían enfrentar mayor presencia de agentes federales y más operativos de detención.
EE. UU. elimina exenciones de entrevistas para la mayoría de renovaciones de visas
- Lo que sabemos: Desde el 2 de septiembre, casi todos los solicitantes de visas de no inmigrante deberán acudir a entrevistas presenciales, incluyendo menores de 14 años y adultos mayores de 79, que antes estaban exentos. Solo se mantendrán exenciones limitadas para visas diplomáticas u oficiales y para renovaciones de visas B-1/B-2 y Border Crossing Card en casos que cumplan requisitos estrictos.
- Por qué es importante: El cambio implica una vuelta a procedimientos previos a la pandemia y busca reforzar la verificación presencial y los controles de seguridad. Esto podría incrementar los tiempos de espera, los costos de viaje y la dificultad para acceder a citas, afectando a estudiantes, trabajadores temporales, investigadores y viajeros frecuentes. También impacta a quienes esperaban renovar sin entrevista por edad o por programas de exención anteriores.
- A quiénes afecta: Solicitantes de visas de trabajo, estudio o intercambio, así como empresas estadounidenses que dependen de personal internacional. También viajeros de negocios o turismo que antes calificaban para la exención y ahora deberán ajustarse a las nuevas condiciones, lo que puede generar demoras en planes de viaje y contratación.
EEUU. exigirá depósito de hasta $15.000 a algunos viajeros de turismo y negocios
- Lo que sabemos: El Departamento de Estado implementará, desde el 20 de agosto, un programa piloto de 12 meses que requerirá a ciertos viajeros que soliciten visas B-1 (negocios) o B-2 (turismo) pagar un depósito reembolsable de entre $5.000 y $15.000 para poder ingresar a Estados Unidos. La medida se aplicará a personas provenientes de países con altas tasas de permanencia indebida o con información limitada para verificar antecedentes, según la evaluación de los funcionarios consulares. La lista de países afectados se publicará al momento de su entrada en vigor y no incluirá a naciones del Programa de Exención de Visa.
- Por qué es importante: Aunque el depósito será devuelto si se cumplen las condiciones de la estadía, el monto puede ser un obstáculo significativo para muchos viajeros, con impactos potenciales en el turismo y en las relaciones diplomáticas. La iniciativa busca reducir el incumplimiento de plazos de salida y retoma una propuesta anunciada en 2020 que no se aplicó por la pandemia.
- A quiénes afecta: Principalmente, a viajeros de países con altos índices de sobrestadía o con verificación limitada de antecedentes, así como a familias con integrantes de distintas nacionalidades y a empresas que reciben visitantes para actividades comerciales o profesionales.
Gobierno insta a beneficiarios de DACA a auto deportarse
- Lo que sabemos: El 31 de julio, un representante del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) declaró que el programa DACA “no otorga estatus legal” y advirtió que sus beneficiarios pueden ser arrestados y deportados. El anuncio se dio tras el caso de Erick Hernández, beneficiario de DACA detenido en San Diego luego de cruzar accidentalmente la frontera hacia México sin autorización previa. Su abogada asegura que Hernández no dejó el país de manera voluntaria y que estaba en proceso de solicitar la residencia permanente.
La medida ha sido criticada por organizaciones y abogados de inmigración. Algunos expertos han señalado que la noción de que estar en el país bajo DACA no provea ninguna protección es “simplemente falsa” - A quiénes afecta: Según la organización Foro Nacional de Inmigración, en marzo de 2025 se contabilizaba un total de 525.210 personas con DACA en todo el país. Al momento, estas personas pueden seguir renovando su estatus de residencia legal —incluida su protección contra la deportación y su permiso de trabajo— cada dos años.
Locales y noticias en desarrollo
Estas son noticias y legislaciones que, hasta la fecha, siguen en proceso de aprobación o desarrollo. Los detalles pueden cambiar:
- Operativos y traslados en “Alligator Alcatraz”: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reportó casi 3.000 detenciones en seis meses, de las cuales unas 600 fueron procesadas en el centro de detención “Alligator Alcatraz” en los Everglades. Pese a una orden judicial que suspendió temporalmente su construcción por posibles violaciones ambientales, la instalación sigue operando. Abogados denuncian que cientos de personas están incomunicadas y sin acceso a procesos claros, mientras organizaciones señalan condiciones inhumanas y riesgos para el ecosistema.
- Riesgo de deportación para solicitantes de residencia por matrimonio: Una nueva política de USCIS permite iniciar procesos de deportación contra inmigrantes sin estatus legal que soliciten la residencia a través de un cónyuge o familiar, incluso en medio del trámite. Expertos advierten que esta medida, en vigor desde el 1 de agosto, amplía el alcance de la deportación a personas que antes no corrían este riesgo durante el proceso.
- Redada en Los Ángeles deja 16 detenidos: Agentes de DHS arrestaron a 16 migrantes en un Home Depot de la zona de MacArthur Park, vinculando el operativo con la presencia de la pandilla MS-13.
- Gobierno niega existencia de cuota diaria de 7.000 arrestos: En respuesta a demandas judiciales, la administración negó que ICE tenga una meta de 3.000 detenciones diarias, pese a reportes previos.
- Intento de poner fin a protecciones para menores detenidos: Organizaciones y abogados denuncian que niñas, niños y adolescentes migrantes siguen siendo retenidos en condiciones insalubres y sin atención médica adecuada, a pesar de que el Acuerdo Flores establece estándares mínimos de cuidado. El gobierno de Trump pidió a un tribunal federal poner fin a este acuerdo, vigente desde 1997, lo que según defensores eliminaría un mecanismo clave de supervisión y protección contra abusos.
Recursos
- Visite la plataforma “Conoce tus Derechos” de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, que incluye los derechos de los inmigrantes, opciones migratorias, un directorio de ayuda legal, etc. Para acceder, visite ndwa.us/inmigrante.
Aviso: LA Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar es la organización socia de La Alianza - Aprenda a reconocer noticias falsas sobre inmigración y evite la desinformación con esta guía: Cómo identificar noticias falsas sobre inmigración y evitar la desinformación
- Si experimenta ansiedad, estrés o miedo, puede consultar una lista de recursos gratuitos disponibles en: https://laalianzanoticias.com/2025/05/22/ansiedad-estres-miedo-que-puede-hacer-usted-y-a-donde-acudir-si-necesita-ayuda-emocional/
Aviso Legal: Esta información se proporciona con fines educativos y no constituye asesoría legal. Se recomienda consultar con un abogado especializado en inmigración para evaluar su situación específica.