El Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) está considerando cambiar una regla que, de aprobarse, eliminaría el derecho al salario mínimo y al pago de horas extra para muchas cuidadoras en el hogar contratadas por agencias. Esto aplicaría sin importar si los clientes pagan de forma privada o a través de Medicaid.
Un retroceso a regulaciones de hace 50 años
Actualmente, la ley federal conocida como Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), establece que las trabajadoras no pueden ganar menos de $7.25 por hora y que deben recibir pago de 1.5 veces su salario regular por cada hora trabajada después de las 40 horas semanales.
En 2013, tras años de lucha, el DOL modificó la interpretación de la ley para garantizar que las agencias de cuidado en el hogar garantizaran estos pagos a sus empleadas.
Antes de ese cambio, desde 1975, muchas trabajadoras quedaban fuera de estas protecciones debido a la llamada “exención de compañía” (companionship exemption), que originalmente se pensó para personas que solo daban compañía ocasional a adultos mayores pero que terminó incluyendo a cuidadoras profesionales.
La propuesta actual busca revertir la norma de 2013 y volver a las reglas de 1975. Esto significaría que las agencias podrían dejar de estar obligadas a pagar salario mínimo y horas extra a sus trabajadoras de cuidado.
Una historia de exclusión para trabajadoras del hogar
Las trabajadoras del hogar, incluyendo a las cuidadoras, han sido históricamente excluidas de muchas leyes laborales en Estados Unidos. Desde la aprobación de la FLSA en 1938, este sector quedó fuera de protecciones básicas. No fue hasta 1974 que el Congreso extendió parte de estos derechos a trabajadoras del hogar, aunque mantuvo excepciones como:
- Exención de compañía: Quienes prestan “servicios de compañía” a personas mayores o con discapacidad no tenían derecho a salario mínimo ni horas extra.
- Exención para trabajadoras internas: Quienes viven en el hogar donde trabajan no tenían derecho al pago de horas extra.
Incluso hoy, a nivel federal, las trabajadoras del hogar siguen excluidas de protecciones contra la discriminación, el derecho a sindicalizarse y ciertas normas de seguridad laboral.
Argumentos del DOL para el cambio
El DOL bajo la actual administración argumenta que los costos laborales de pagar el salario mínimo y horas extras a estas trabajadoras dificultan el acceso de las familias a los servicios de cuidado.
Aseguran que volver a la norma de 1975 daría más “flexibilidad” a las agencias y reduciría sus costos, lo que, según el DOL, podría aumentar la disponibilidad de servicios para personas mayores y con discapacidad.
Lo que dicen las organizaciones de trabajadoras
Organizaciones como la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (ANTH) señalan que la única forma real de enfrentar la escasez de personal en el sector es aumentando los salarios y mejorando las condiciones laborales.
Aviso: La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar es la organización socia de La Alianza
Argumentan que quitar derechos básicos como el salario mínimo y las horas extra provocaría más rotación de personal y pérdida de cuidadoras capacitadas, afectando tanto a las trabajadoras como a las personas que reciben el servicio.
Según estas organizaciones, la propuesta representa un retroceso que pondría a muchas trabajadoras de cuidado en una situación económica precaria, en un sector donde la mayoría ya gana bajos salarios y no recibe otros beneficios laborales.
¿Qué sigue?
La propuesta del DOL deberá pasar por un periodo de comentarios públicos hasta el 2 de septiembre de 2025 antes de que pueda entrar en vigor. Durante este tiempo, cualquier persona, incluidas las trabajadoras del hogar, puede enviar su opinión por escrito para que sea considerada en el proceso.
En resumen:
- Qué pasaría: Las agencias de cuidado podrían dejar de estar obligadas a pagar salario mínimo y horas extra.
- Quiénes serían afectadas: Principalmente cuidadoras de personas mayores o con discapacidad contratadas por agencias.
- Por qué importa: Reducir estos derechos podría empeorar las condiciones laborales y la calidad del cuidado.
