Miles de inmigrantes de Honduras y Nicaragua enfrentan la pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS) que durante años les permitió vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. 

La medida, impulsada por la administración Trump, afectará a comunidades que llevan décadas en el país y que hoy son parte esencial de la economía del cuidado y el trabajo del hogar.

Nicaragua y Honduras

El próximo 8 de septiembre de 2025, miles de inmigrantes de Honduras y Nicaragua, muchas de ellas trabajadoras del sector del cuidado y del hogar, perderán su TPS que por más de dos décadas les permitió vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la Administración Trump, anunció en julio la terminación del programa, argumentando que las condiciones en ambos países “han mejorado lo suficiente” desde el Huracán Mitch, la tormenta de categoría 5 que en 1998 devastó Centroamérica y dejó más de 10.000 muertos. 

Según datos oficiales, alrededor de 51.225 hondureños y 2.210 nicaragüenses estaban amparados bajo el TPS, vigente desde 1999.

El impacto en las trabajadoras del hogar

El fin del TPS golpea directamente a miles de trabajadoras del hogar. Según KFF, los inmigrantes constituyen el 32 % de quienes trabajan en cuidado a domicilio.

Arnulfo De La Cruz, presidente del sindicato SEIU Local 2015 en California, que representa a medio millón de trabajadores del sector dijo a NPR que antes de la cancelación del TPS para muchos inmigrantes, “ya sufríamos una enorme escasez de cuidadoras”, agregando que “no hay suficientes cuidadoras para conectar con las personas que necesitan atención”. 

Qué sigue: la batalla en los tribunales

Un tribunal federal había dado plazo a los hondureños y nicaragüenses con TPS hasta noviembre de 2025 para continuar protegidos, pero el Noveno Circuito de Apelaciones canceló esa decisión y permitió que el gobierno siga adelante con la terminación del programa, mientras el caso se resuelve en los tribunales.

Esto significa que miles de familias quedan en situación irregular a partir del 8 de septiembre. La decisión definitiva se espera para el 18 de noviembre, fecha clave que determinará si la protección se extingue o si se logra una nueva prórroga.

Qué pueden hacer los afectados

Abogados y organizaciones comunitarias recomiendan a quienes aún cuentan con TPS:

  • Buscar asesoría legal de un experto y explorar si califica a otras opciones migratorias. Revise este artículo con recomendaciones para encontrar abogados de inmigración confiables

  • Mantenerse informados sobre los avances judiciales de aquí a noviembre. La Alianza Nacional de TPS ofrece información verificada sobre el tema.

  • Conectar con redes comunitarias y sindicales que brindan apoyo en caso de redadas o procesos de deportación.

El TPS para Venezuela y Haití continúa

En el caso del TPS para los venezolanos y haitianos, los últimos días han sido de confusión e incertidumbre dado que el DHS anunció el 3 de septiembre que esta protección terminaría el 10 del mismo mes, sin embargo, el juez federal Edward Chen bloqueó dicha cancelación el pasado viernes 5 de septiembre.

A pesar de dicho alivio temporal, la batalla legal por la protección de alrededor de 600.000 venezolanos y 500.000 haitianos continúa. El DHS ha solicitado al juez Chen un bloqueo temporal a la decisión reciente para darle oportunidad al gobierno de que presente su apelación.

Expertos recomiendan a venezolanos bajo esta protección, completar el proceso de re registración antes del 10 de septiembre para seguir manteniendo su estatus legal y autorización de empleo.

TPS en otros países

La cancelación no solo afecta a Centroamérica. En los últimos meses, también la administración de Trump puso fin a los programas para Afganistán (15 de julio), Camerún (4 de agosto), Nepal (5 de agosto) y Haití (2 de septiembre de 2025), este último con más de 348.000 beneficiarios afectados.

Según expertos en derecho migratorio, la política de eliminación del TPS por parte del gobierno Trump ha sido parte de una ofensiva más amplia destinada a reducir vías legalmente protegidas para inmigrantes.