¿Le preocupa hacer uso de beneficios ofrecidos por el gobierno como cupones de alimentos, ayuda para la renta o servicios relacionados con la pandemia por temor a caer en la regla de carga pública?
Esta norma, que niega la residencia permanente a los solicitantes con “probabilidad de depender principalmente del Gobierno para su subsistencia”, ha causado dudas y confusión entre los inmigrantes tras sufrir varias modificaciones en los últimos años.
Sin embargo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigracios, USCIS, reiteró recientemente que los inmigrantes no ciudadanos pueden hacer uso de la mayoría de los programas de asistencia pública “sin temor a consecuencias negativas en su estatus migratorio”.
En una actualización en su sitio web, USCIS precisó que “son relativamente pocos los no ciudadanos en Estados Unidos que están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública”.
Las niñeras y las trabajadoras de cuidado en el hogar, se encuentran entre las ocupaciones con salarios más bajos que más utilizan la asistencia pública según el Centro de Trabajo de la Universidad de California Berkeley. En cerca del 50% de la fuerza laboral en estos grupos, al menos un miembro de la familia depende de los beneficios del gobierno.
Los beneficios por COVID-19 no son carga pública
El ente gubernamental especificó además que los inmigrantes no ciudadanos pueden acceder a los beneficios relacionados con la pandemia sin que estos se consideren carga pública.
“No consideramos las vacunas o los beneficios públicos específicamente relacionados con la pandemia de la COVID-19 al hacer determinaciones de carga pública”, resaltó USCIS en un comunicado. “Los no ciudadanos pueden buscar beneficios y servicios relacionados con la pandemia, incluida la asistencia alimentaria, los programas de vivienda y otros, para los que son elegibles”, agregaron.
El objetivo es reducir el miedo y la confusión que ha generado esta medida y aclarar las preocupaciones y mitos más comunes sobre la inadmisibilidad de los inmigrantes por motivos de carga pública.
Cambios a la norma
En el 2019, el gobierno del expresidente Donal Trump modificó la norma, estableciendo que cualquier persona que no fuera ciudadana de los Estados Unidos se consideraría una “carga pública” si dependía de la asistencia pública durante un año o más en un período de tres años.
Con esta reforma, muchas familias de bajos ingresos dejaron de optar por estos beneficios por temor a afectar su estatus migratorio y la posibilidad de regularizarse.
Sin embargo en marzo del 2021, la administración del presidente Joe Biden anuló los cambios hechos por Trump y en febrero pasado estableció nuevos parámetros que indican que un solicitante sólo es inadmisible por carga pública si tiene “probabilidad de depender principalmente del Gobierno para su subsistencia”.
A qué beneficios públicos pueden acceder los inmigrantes no ciudadanos
USCIS reiteró que los inmigrantes pueden ser elegibles para casi todos los programas de asistencia pública incluidos Medicaid y otros servicios de salud, el programa de seguro médico para niños, SNAP, WIC, almuerzo y desayuno escolar, beneficios de vivienda, servicios de cuidado de niños y el programa de asistencia de energía para hogares de bajos ingresos.
Los inmigrantes no ciudadanos también pueden acceder a ayuda en caso de desastres de emergencia, ayuda en la crianza y asistencia para la adopción, asistencia educativa, programas de capacitación laboral, programas, servicios o asistencia en especie basados en la comunidad, pagos en efectivo devengados como beneficios de Seguro Social Título II, pensiones gubernamentales, beneficios de veteranos, etc.
A qué beneficios no pueden acceder los inmigrantes no ciudadanos
De acuerdo con los lineamientos de USCIS un inmigrante que busca el ajuste de su estatus se considera carga pública si accede a beneficios de asistencia pública en efectivo para mantenimiento como el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
También se incurre en carga pública si se accede a la asistencia en efectivo bajo el programa de asistencia temporal para familias necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), y los programas estatales y locales de asistencia en efectivo que proporcionan beneficios para mantenimiento de ingresos, comúnmente llamados programas de “asistencia general”.
El cuidado a largo plazo a expensas del gobierno, por ejemplo, en un hogar de ancianos o una institución de salud mental, también es considerado carga pública.
Dónde encontrar más información
Para responder a las dudas de los inmigrantes, USCIS ha publicado en su portal una sección de preguntas y respuestas a la que puede acceder dando clic en este enlace.
USCIS dijo que planea publicar una nueva regla final en julio o agosto que establecerá nuevas regulaciones de la causal de inadmisibilidad por carga pública.