Washington, D.C.  — Este lunes, la administración del presidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos permitir avanzar e implementar su propuesta regla de “carga pública,” una ley que creará aún más dificultades para que los inmigrantes de bajos ingresos soliciten una tarjeta de residencia. 

La solicitud del Departamento de Justicia llega semanas después de que un panel de jueces de apelaciones en Nueva York decidió mantener una orden judicial a nivel nacional que ha impedido la implementación de la regla. 

La carga pública ya ha sido definida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como una persona que depende de la atención institucional o asistencia monetaria financiada por el gobierno. La política propuesta por Trump ampliará esta regla para incluir aún más beneficios: cupones de alimentos, Medicaid, algunos subsidios para medicamentos recetados y cupones para vivienda.

La regla “de carga pública” estaba programada para entrar en vigencia el 15 de octubre y ha sido impugnada por el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York, Connecticut, Vermont y varias organizaciones de defensores. La semana pasada, una corte de apelaciones en Nueva York bloqueó la política propuesta por el gobierno de Trump que retiene las visas para inmigrantes de bajos ingresos que dependen de la asistencia del gobierno, como el programa de Medicaid o cupones para alimentos

Un grupo de fiscales generales del estado encabezado por la Fiscal General de Nueva York Letitia James, junto con una coalición de defensores de inmigrantes, demandó al gobierno federal el año pasado por alterar la regla.

El 7 de enero, el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU. para el Segundo Distrito levantó una solicitud a nivel nacional que negó el intento del gobierno de Trump de levantar un mandato nacional que impidió la implementación de la política. El panel de jueces decidió establecer sesiones informativas sobre los méritos de la ley que se llevarán a cabo el próximo mes. Los argumentos orales y una decisión final sobre el caso se espera tomar lugar el mes siguiente.

La fiscal general celebró la decisión del tribunal después de que se anunció. “Es una victoria para los millones de inmigrantes en nuestro estado y en este país que han sido marginados, faltados el respeto y degradados por la administración Trump,” James dijo, según informó Reuters.

Aunque la regla de la carga pública aún no se ha implementado, su anuncio el año pasado ha avivado el miedo en las comunidades inmigrantes que ya están renunciando a los programas de asistencia pública por temor a ser deportados o poner en riesgo su estatus migratorio. Maria Meneses, promotora de salud de Planned Parenthood de Greater New York, ha visto esto especialmente con las mujeres que buscan atención médica en las clínicas de salud.

“Podemos ver a madres en etapa de embarazo renunciando a su derecho de obtener un Medicaid de emergencia, lo cual no está incluido bajo la propuesta de ‘carga pública,’ pero se tiene que mostrar una identificación,” Meneses le comentó a La Alianza. “Esto, junto con el miedo intensificado que tiene los inmigrantes bajo esta administración, es suficiente para que decidan no recibir estos servicios necesarios.”

A pesar de que la regla no ha sido implementada, hasta las personas que ya tienen residencia también han sido afectadas.

Las trabajadoras de cuidado infantil y las trabajadores de cuidado en el hogar se encuentran entre las tres ocupaciones con los niveles más altos de utilización de la asistencia pública y los salarios más bajos, según el Centro de Trabajo de la Universidad de California Berkeley. Casi el 50 por ciento de la fuerza laboral en estos grupos tiene familias con al menos un miembro que depende de los beneficios del gobierno.

“[La regla de la carga pública] es repugnante para el sueño americano de la oportunidad de prosperidad y éxito a través del trabajo duro y la movilidad ascendente”, dijo la Sociedad de Asistencia Legal, que presentó la demanda en Nueva York, junto con una coalición de grupos de derechos de los inmigrantes, en una rueda de prensa. “Este fallo preliminar […] protegerá a los demandantes, a nuestros clientes y a los inmigrantes de bajos ingresos y con discapacidad  en todo el país mientras que buscamos un alivio permanente de esta regla ilegal, antifamilia y racista”.