El Departamento de Seguridad Nacional (o DHS, por sus siglas en inglés), ha anunciado el fin de las redadas de inmigración en los lugares de trabajo. En una comunicación oficial el 12 de octubre, el secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, señaló que su departamento enfocará sus esfuerzos en “empleadores inescrupulosos” que explotan a trabajadores indocumentados. Al mismo tiempo, el departamento buscará nuevas maneras para facilitar la cooperación de los trabajadores en investigaciones de empleadores abusivos.
El anuncio viene después de años de trabajo por parte de organizaciones de labor e inmigración, que han empujado a DHS a proteger a los trabajadores. Según Marielena Hincapie, directora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias, el cambio protegerá no solo a los trabajadores indocumentados, sino a todos los trabajadores en el país. En una entrevista, Hincapié explica que, hasta ahora, “los trabajadores han sido fijados como objetivos por el gobierno federal” y asimismo señala que “necesitamos ir tras los empleadores que están conscientemente contratando y reclutando a los trabajadores indocumentados y explotandolos (…) porque son ellos mismos los responsables por debilitar las condiciones de trabajo. Y eso afecta a todos los trabajadores en el país, no solo a los trabajadores indocumentados”. (El Centro está representando a trabajadores que fueron arrestados durante redadas bajo el periodo del presidente Trump)
Además de terminar las redadas, el Departamento de Seguridad Nacional buscará nuevas maneras para asegurar que los trabajadores indocumentados puedan denunciar a empleadores abusivos. Una opción que se está considerando, según la comunicación oficial, es ofrecer acción deferida, libertad provisional u otro alivio a personas que son víctimas o testigos de empleadores abusivos. La comunicación ordena el desarrollo de planes para proteger a estos trabajadores dentro de 60 días.
Aunque la administración de Obama también paró las redadas en los sitios de trabajo, no implementó protecciones para empleados que denuncian empleadores perjudiciales. La comunicación de DHS es la primera vez desde 1986, cuando el congreso aprobó reformas migratorias, que una administración presidencial ha dirigido las agencias de inmigración de esta manera.
“Trabajadores de construcción en Las Vegas, trabajadores de carne blanca en Mississippi, y jornaleros y trabajadoras del hogar a nivel nacional que han estado levantando sus voces sobre estos asuntos, seguirán su esfuerzo para que un día puedan acceder a derechos laborales básicos sin miedo, sin importar su estado migratorio”, comentó Nadia Marin-Molina, directora ejecutiva de la Red Nacional de la Organización de Jornaleros.