Washington, DC — En el año 1968, el movimiento de derechos civiles introdujo la Ley de equidad en la vivienda, que prohíbe la discriminación en la venta, alquiler y financia de las viviendas basado en raza, religión, sexo, nacionalidad, discapacidad y estatus de familia. Ahora, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE.UU. busca modificar una regla que puede limitar la aplicación de esas protecciones.
Bajo la ley actual, individuos pueden presentar quejas de pólizas y prácticas que injustamente resulta en efectos discriminatorios, bajo una teoría llamada ‘Impacto desproporcionado.’ La Corte Suprema de los EE.UU. ha reconocido esta forma de discriminación que ocurre aunque el instante no sea explícito. Bajo la administración de Donald Trump, la nueva propuesta administrativa eliminaría este precedente, haciéndolo más difícil comprobar la discriminación.
Ahora, los demandantes tendrían que presentar evidencia que cumpla con cinco elementos para comprobar que una póliza es discriminatoria. Antes de comenzar una investigación formal, ellos tienen que cumplir con la nueva guía que incluye: (1) prueba que la póliza es “arbitraria, artificial o innecesaria” para lograr un objetivo legítimo; (2) demostrar un “enlace casual robusto” entre la póliza e impacto hacia miembros de una clase protegida; (3) enseñar que la póliza afecta negativamente a individuos según su raza, color, religión, sexo, estado familiar, o nación de origen; (4) indicar que el impacto es significante; y (5) comprobar que el daño hacia el demandante es directamente causado por la póliza o práctica.
La nueva regla también establecerá tres defensas para prestadores y dueños que usan algoritmos y sistemas digitales cuando determinen elegibilidad de vivienda.
Más de 50 años después de la promulgación de la ley de equidad en la vivienda, todavía existe desigualdad. Según un reporte por el grupo National Fair Housing Alliance, en el 2017 se reportó 28,843 quejas de discriminación y la mayoría fueron por discapacidad (56.7%) y raza (18.5%). Defensores en contra del cambio dicen que la nueva propuesta puede exacerbar la discriminación para grupos que son más afectados, incluyendo a inmigrantes, personas de color, y víctimas de violencia doméstica.
“El gobierno federal jugó un rol central en la segregación de nuestro país,” dijo Lisa Cylar Barrett, directora de pólizas en el NAACP Legal Defense and Education Fund, en un comunicado de prensa. “Y revertir el Impacto desproporcionado garantizara que ese legado sea establecido.”
El Departamento de Vivienda está aceptando comentarios públicos en respuesta a la nueva regla hasta el 18 de octubre aquí.
